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“Clínicas de deshomosexualización”, el terror impune de Ecuador

Marcha del Orgullo LGBTI en Quito

Las llaman «clínicas del terror”. Según las denuncias, en ellas se practican torturas físicas y psicológicas tales como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas e incluso «violaciones correctivas”. El objetivo: «curar” al presunto paciente, es decir, a la víctima. «Curar” su homosexualidad o transexualidad. Cueste lo que cueste.

La semana pasada, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, anunció su intención de prohibir las llamadas «terapias de conversión” en Alemania este mismo año. «La homosexualidad no es una enfermedad, y por lo tanto no necesita terapia”, dijo el conservador Spahn, abiertamente gay. Sus planes cuentan con un amplio apoyo en el Parlamento alemán.

Sin embargo, el panorama no es optimista en otras partes del mundo. «Es un tema poco explorado, que ha sido denunciado sobre todo en Ecuador, pero que también ocurre en otros lugares de América Latina”, dice a DW Mauricio Albarracín, investigador colombiano. La naturaleza de estas prácticas, no obstante, hace que no existan datos al respecto, más allá de testimonios anecdóticos. Una suerte de secreto -terrible- a voces.

Es en Ecuador donde las denuncias han cobrado más fuerza y, pese al conservadurismo social, los activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) han logrado ir desenmascarando todo un sistema.

El primer caso de estas «clínicas de deshomosexualización” documentado en suelo ecuatoriano data del año 2000. Desde entonces, las historias han ido saliendo a la luz a cuentagotas, aunque algunas revolvieron a la sociedad: en 2008, Paola Concha Zirith fue secuestrada y trasladada en una «clínica” cerca de Quito, donde la violaron para intentar cambiar su orientación sexual. El de Jonathan Vasconez en 2010 fue otro de los casos que causaron revuelo social. Con 23 años, fue internado por mediación de su familia. Estuvo más de un año encerrado. Su caso llegó a los tribunales, pero fue finalmente sobreseído.

Brasilien Proteste gegen Konversionstherapie (Getty Images/AFP/N. Almeida)

Brasil es otro de los países latinoamericanos donde el activismo LGBTI se ha movilizado contra estas «terapias de conversión»

El investigador Albarracín explica que «normalmente estas ‘terapias de conversión’ están camufladas con otro tipo de terapias contra lo que se considera como personas antisociales; por ejemplo, en centros para atender la drogodependencia”. A menudo, estos centros están gestionados por grupos evangélicos, que aplican su «moral higienista”. Paralelamente, también hay registros de centros que operan en la más absoluta clandestinidad.

Falta de compromiso de los poderes públicos

Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones LGBTI, afirma que en 2013 las investigaciones del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano recogían la existencia de 268 de estas «clínicas”. Sin embargo, critica, «toda esa información se perdió con el cambio de gobierno”.

El actual presidente, Lenín Moreno, asumió el cargo en mayo de 2017. Silueta X, asociación de la que también es directora adjunta de Rodríguez, solicitó los datos al nuevo Ministerio. La respuesta, afirma esta activista, fue que «se encuentran perdidos”.

DW intentó ponerse en contacto con las carteras de Salud Pública y de Justicia del Ejecutivo ecuatoriano, pero no obtuvo respuesta.

En enero de 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación «por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos” a personas LGBTI en esos centros. El CAT, por sus siglas en inglés, llamó la atención sobre el hecho de que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana «hayan concluido en condena”.

La impunidad es, de hecho, una de las grandes preocupaciones de los activistas. «Es complicado finalizar un proceso legal”, subraya Rodríguez, que señala, entre otros factores, la complicidad de los familiares y las presiones que sufren las víctimas. De las decenas de casos que han sido registrados en los últimos años, solo uno terminó en condena: el de Zulema Constante en 2013. Esta joven de Guayaquil tenía entonces 22 años cuando, tras escapar del rechazo familiar a su condición de lesbiana, fue internada contra su voluntad durante 21 días en la «Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza”. El responsable fue condenado a pagar 6 dólares y pasar diez días en prisión.

«El Gobierno actual no hace mayor énfasis en este asunto”, afirma Rodríguez, quien critica el «giro ultraderechista” de la administración, en un contexto de «ola de ultraconservadurismo” que a su juicio sufre el país. «Nos atrevemos a decir que ha aumentado la cantidad de centros”, aventura. Pero sin mayor implicación institucional, los activistas están solos contra un sistema clandestino.Ver el video26:06

Fuerza Latina – Amada: La niña que luchó por su identidad

Progresos y retrocesos en diversidad sexual y de género

Paradójicamente, el auge evangélico en el Ecuador, una tendencia compartida con otros muchos países latinoamericanos, coincide con ciertos avances en materia de derechos humanos de las personas LGBTI. El miércoles pasado (12.06.2019), la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Rodríguez reconoce que los propios activistas se sorprendieron del fallo. Pero llama a no bajar la guardia: «Estuvimos a un solo voto de que el matrimonio igualitario no fuera reconocido”. En el mismo sentido, el investigador Albarracín recuerda que los avances legales e institucionales en derechos LGBTI en algunas partes de Latinoamérica coinciden con el crecimiento «galopante” de la influencia evangélica «en ámbitos a su alcance, como puede ser la esfera política, o en instituciones creadas por ellos mismos, como clínicas, centros de enseñanza, emisoras, etcétera”.

«La idea de curar la homosexualidad no se refiere únicamente a un supuesto tratamiento médico, sino que es todo un pliego cultural para eliminar esta orientación sexual”, prosigue Albarracín. «El auge de los evangélicos en toda la región seguramente tendrá un efecto sobre la realidad de estos centros”.

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Colectivos apoyan guía contra discriminación

Los activistas de diversos gremios opinan que la guía del Ministerio de Educación protegerá los derechos de esta comunidad en escuelas y colegios. Colectivos pro defensa de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo) miran con agrado los pasos que se dan para evitar la discriminación.

El jueves pasado el Ministerio de Educación presentó en Quito la Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el ámbito educativo.

Según Germán Castillo, presidente de la mesa representativa LGBTI del Municipio de Quito, la discriminación y el bullying homofóbico en los centros educativos persisten y “son grandes”.

Castillo, de 53 años, aún recuerda que en su colegio sufrió mucho ya que en innumerables ocasiones sus compañeros lo insultaban. Cree que estos comportamientos hostiles no cambian en la sociedad. “Muchachos son acosados por sus compañeros y sus profesores, se burlan de ellos y los dejan en vulnerabilidad”, comenta Castillo. Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, considera que esta guía es un primer paso en la educación para evitar la discriminación homofóbica.

Sin embargo, espera que a partir de esta se elaboren otros documentos en los que se profundice conceptos básicos y se tome en cuenta las problemáticas diarias. Rodríguez propone que se establezca una hoja de ruta para que el estudiante sepa qué hacer cuando sufre un acto discriminatorio.

A criterio de Geovanny Jaramillo, presidente de la Asociación Bolivarianos Diversos en Quito, el documento es una guía para salvaguardar los derechos humanos de una parte de la ciudadanía.

Para Jaramillo, esta herramienta se debe socializar entre autoridades, profesores y todos quienes están relacionados en la educación. Todos los activistas concuerdan en que el siguiente paso es que maestros y estudiantes aprendan de este documento y lo pongan en práctica en todo momento.

Isaías Álvarez, coordinador del Observatorio Ciudadano LGBTI, recomienda que, a la par de la aplicación de este manual, se retomen las políticas ya existentes que protegen los derechos de personas LGBTI en diversos ámbitos.

Además, Álvarez espera que las autoridades no se dejen presionar por los grupos conservadores que buscan eliminar el documento. “Esta guía debe mantenerse para proteger los derechos de los afectados”, dice. (I)

Fuente. El Telégrafo, Niñez Trans

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Silueta X conmemoro junto a niños Navidad y Fin de año

La Asociación Silueta X en alianza con ICW Ecuador y Fundación Niñez y Adolescencia Trans, realizó por 8vo año consecutivo el agasajo navideño y despedida de fin de año, con la finalidad de atender a los niños y niñas con enfermedades catastróficas e incurables. La actividad fue desarrollada en el Club de Leones de Guayaquil y contó con la participación de más de 80 niños y niñas. Hubieron presentaciones artísticas dirigidas por niños y niñas, Animacion por parte de Transmasculinos y Transfeministas, concursos y bailes. Silueta X, es una organización LGBT que lleva años trabajando no solo en sus temas propios sino en la niñez LGBT, trans y con enfermedades catastróficas. El evento contó con la presencia de Diane Rodríguez, directora de Silueta X y de Alexandra Villavicencio presidenta de ICW Ecuador, quienes amenizaron el evento. Donaciones de alimentos, juguetes, dulces, piñatas entre otras fueron repartidos en el evento.

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La madre espera que el cambio de género de la hija de nueve años ayude a otros en Ecuador

Amada, quien según los activistas LGBT + es el primer niño en Ecuador en obtener un cambio de género reconocido oficialmente. FOLLETO / Fundación Amor y Fortaleza

DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA

Diane Rodriguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI y la primera mujer trans elegida para la Asamblea Nacional de Ecuador, dijo que el cambio de género de Amada fue un «momento increíblemente importante» para el futuro de su comunidad.

«Representa un futuro visionario en el que podemos soñar que nuestras generaciones futuras no sufrirán lo que las personas transgénero como yo y otras personas de mi generación han sufrido», dijo.

Antes del caso de Amada, los ecuatorianos transgénero tenían que esperar hasta la edad de 18 años para cambiar oficialmente su género de acuerdo con una ley de 2015 que reconocía el derecho de las personas trans a alterar su nombre y género en los documentos de identificación.

Pero los derechos de los niños transgénero han ganado atención recientemente en la región después de que Chile aprobara una ley en septiembre que permitía a las personas de 14 años cambiar su género en los registros oficiales.

Bonilla dijo que 14 era demasiado tarde para permitir el reconocimiento de muchos niños trans cuando aceptó que su hijo era una niña a los seis años.

«Debería ser de ocho o seis años porque ahí es cuando una persona ha formado su identidad de género», dijo.

Dijo que todavía faltaba comprensión en Ecuador sobre las personas transgénero, lo que llevó a una discriminación y violencia constantes. Watchdog Trans Murder Monitoring dijo que 28 personas transgénero fueron asesinadas en Ecuador entre 2008 y 2016.

El año pasado, un grupo cristiano llamado Con Mis Hijos No Te Metes, traducido como No ensucie con mis hijos, organizó una protesta contra la enseñanza de estudios de género en la escuela.

Bonilla dijo que cuando Amada salió por primera vez como trans, algunos psicólogos sugirieron que la internaran en un centro psiquiátrico, y 14 universidades diferentes la rechazaron.

«Todavía hay mucho dolor … mucha ignorancia», dijo Bonilla, pero agregó que la lucha por su hija valió la pena.

«Ella dijo: ‘Mamá, finalmente tengo algo que dice mi nombre’. Ahí es cuando te das cuenta de por qué este tipo de documentos son tan importantes».

(Reporte de Oscar Lopez @oscarlopezgib; Editado por Belinda Goldsmith Por favor, agradezca a la Fundación Thomson Reuters, el brazo caritativo de Thomson Reuters, que cubre noticias humanitarias, derechos de las mujeres y LGBT +, tráfico de personas, derechos de propiedad y cambio climático. 

Fuente: Thomson Reuters Foundation News, Niñez Trans

https://www.reuters.com/article/us-ecuador-lgbt-transgender/mother-hopes-nine-year-old-daughters-gender-change-will-help-others-in-ecuador-idUSKBN1OB2HN?fbclid=IwAR1XE4bKtm4lf-SnKzp8CwSk4H3MOb-cIJrW4BcvAS_UbK0il57892uSP7Q

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Primera niña transgénero en Ecuador expone discriminación legal

El Registro Civil del Ecuador emitió una cédula con el género femenino, opción que existe para personas transgénero.

Amada es el nombre de la primera niña reconocida legalmente como transgénero en Ecuador. Aunque causó festejos por parte del activismo LGBTQIA+, este grupo reclaman que hay una diferenciación legal con las personas conformes con su sexo.

“Es una discriminación. Se da un trato diferente. Para todas las personas pone sexo, menos para los transgénero”, exclama Jorge Fernández, abogado defensor de la causa de Amada que logró la sentencia que obligaba al Registro Civil a hacer el cambio de cédula.

A partir del 10 de diciembre de 2015, las personas mayores de 18 años pueden cambiar el campo de “sexo” por “género” en la cédula ecuatoriana. Así lo dispuso la Asamblea Nacional (el parlamento ecuatoriano) con 77 votos afirmativos de 100 asambleístas presentes, bajo el marco de la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Gestión de Identidad y Datos Civiles.

Fue bajo el gobierno de Rafael Correa que se gestó la ley. Aunque el mandatario la vetó parcialmente, solicitando enmendar la mitad de los artículos, entre ellos que el sexo no se pudiera modificar legalmente, solo el género, salvo en casos médicos, como el hermafroditismo.

El proyecto de ley fue promovido por la Asociación Silueta X, cuyo líder también fue presidente de la Federación de Organizaciones LGBTI y posteriormente el primer candidato a legislador transexual. Finalmente, en el 2017, ganó una elección como asambleísta alterno por el partido de Gobierno Alianza País.

Acorde a la ley, Diane Rodríguez pudo inscribir a su hijo con el apellido materno primero, a su vez el primer hijo nacido de un hombre transexual. Pues el padre, biológicamente mujer, es legalmente de género masculino. Mientras que Diane, biológicamente hombre, capaz de inseminar a su cónyuge, es legalmente de género femenino.

Al ser una ley apuntada a cierto sector de la sociedad, solo puede implementarse por medio de la diferenciación. De modo que implica una discriminación, pues la cédula sustituye la palabra “sexo” por “género”.

De acuerdo con la definición del Diccionario de la Real Academia Española, “sexo” es la “condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas”.

Según la misma fuente, “género” es el “grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico”.

Debido a que el sexo está determinado como un rasgo biológico, cuya huella está en la estructura ósea, el tamaño del cerebro, las células e incluso los cromosomas, aunque una persona se ampute los órganos sexuales para modificarlos, no podrá cambiar su sexo.

Lo que sí sucede es que hay un reconocimiento social y legal de que dicha persona no está conforme con su sexo y por tanto se puede referir a él o ella como su opuesto, si así lo desea; en este caso deberá elegir su género. Ahora esto también aplica para niños.

Surge entonces la inquietud de si todas las personas deben ser ceduladas de acuerdo con su sexo o por su género, de modo que no exista esta discriminación legal e institucional.

Es decir, si todos son cedulados según su sexo, las personas transgénero volverían a no ser reconocidas de acuerdo a quienes desean ser.

O si se debe remover por completo la categoría de sexo y remplazarla por el género para todas las personas, tanto trans como “cisgénero”, término que aplica a las personas que se identifican con su sexo, en contraste a las personas transexuales y transgénero que no.

Este incidente jurídico expone cómo una medida que pretendía promover la igualdad no se puede lograr sin discriminar a una parte de la población, pues distingue a los afectados de la mayoría de la población.

Una premisa básica de la justicia es el principio de la igualdad ante la ley. Pero la ley de reconocimiento de género no lo brinda.

Este es el resultado de una política identitaria, donde, en lugar de pedir igualdad ante la ley, se piden concesiones para un grupo específico. Y aunque se cumplió con lo solicitado, hay inconformidad, pues en lugar de incorporar a las personas como uno más dentro de la sociedad, ahora tienen una categoría aparte.

Fuente: PANAM POST, Niñez Trans

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