“Clínicas de deshomosexualización”, el terror impune de Ecuador

Marcha del Orgullo LGBTI en Quito

Las llaman “clínicas del terror”. Según las denuncias, en ellas se practican torturas físicas y psicológicas tales como insultos, humillaciones, mala alimentación, golpes, descargas eléctricas e incluso “violaciones correctivas”. El objetivo: “curar” al presunto paciente, es decir, a la víctima. “Curar” su homosexualidad o transexualidad. Cueste lo que cueste.

La semana pasada, el ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, anunció su intención de prohibir las llamadas “terapias de conversión” en Alemania este mismo año. “La homosexualidad no es una enfermedad, y por lo tanto no necesita terapia”, dijo el conservador Spahn, abiertamente gay. Sus planes cuentan con un amplio apoyo en el Parlamento alemán.

Sin embargo, el panorama no es optimista en otras partes del mundo. “Es un tema poco explorado, que ha sido denunciado sobre todo en Ecuador, pero que también ocurre en otros lugares de América Latina”, dice a DW Mauricio Albarracín, investigador colombiano. La naturaleza de estas prácticas, no obstante, hace que no existan datos al respecto, más allá de testimonios anecdóticos. Una suerte de secreto -terrible- a voces.

Es en Ecuador donde las denuncias han cobrado más fuerza y, pese al conservadurismo social, los activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales) han logrado ir desenmascarando todo un sistema.

El primer caso de estas “clínicas de deshomosexualización” documentado en suelo ecuatoriano data del año 2000. Desde entonces, las historias han ido saliendo a la luz a cuentagotas, aunque algunas revolvieron a la sociedad: en 2008, Paola Concha Zirith fue secuestrada y trasladada en una “clínica” cerca de Quito, donde la violaron para intentar cambiar su orientación sexual. El de Jonathan Vasconez en 2010 fue otro de los casos que causaron revuelo social. Con 23 años, fue internado por mediación de su familia. Estuvo más de un año encerrado. Su caso llegó a los tribunales, pero fue finalmente sobreseído.

Brasilien Proteste gegen Konversionstherapie (Getty Images/AFP/N. Almeida)

Brasil es otro de los países latinoamericanos donde el activismo LGBTI se ha movilizado contra estas “terapias de conversión”

El investigador Albarracín explica que “normalmente estas ‘terapias de conversión’ están camufladas con otro tipo de terapias contra lo que se considera como personas antisociales; por ejemplo, en centros para atender la drogodependencia”. A menudo, estos centros están gestionados por grupos evangélicos, que aplican su “moral higienista”. Paralelamente, también hay registros de centros que operan en la más absoluta clandestinidad.

Falta de compromiso de los poderes públicos

Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Asociaciones LGBTI, afirma que en 2013 las investigaciones del Ministerio de Salud Pública ecuatoriano recogían la existencia de 268 de estas “clínicas”. Sin embargo, critica, “toda esa información se perdió con el cambio de gobierno”.

El actual presidente, Lenín Moreno, asumió el cargo en mayo de 2017. Silueta X, asociación de la que también es directora adjunta de Rodríguez, solicitó los datos al nuevo Ministerio. La respuesta, afirma esta activista, fue que “se encuentran perdidos”.

DW intentó ponerse en contacto con las carteras de Salud Pública y de Justicia del Ejecutivo ecuatoriano, pero no obtuvo respuesta.

En enero de 2016, el Comité contra la Tortura de la ONU manifestó su preocupación “por las denuncias de internamiento forzoso y malos tratos” a personas LGBTI en esos centros. El CAT, por sus siglas en inglés, llamó la atención sobre el hecho de que ninguno de los procesos iniciados por la Fiscalía ecuatoriana “hayan concluido en condena”.

La impunidad es, de hecho, una de las grandes preocupaciones de los activistas. “Es complicado finalizar un proceso legal”, subraya Rodríguez, que señala, entre otros factores, la complicidad de los familiares y las presiones que sufren las víctimas. De las decenas de casos que han sido registrados en los últimos años, solo uno terminó en condena: el de Zulema Constante en 2013. Esta joven de Guayaquil tenía entonces 22 años cuando, tras escapar del rechazo familiar a su condición de lesbiana, fue internada contra su voluntad durante 21 días en la “Comunidad Terapéutica Femenina Esperanza”. El responsable fue condenado a pagar 6 dólares y pasar diez días en prisión.

“El Gobierno actual no hace mayor énfasis en este asunto”, afirma Rodríguez, quien critica el “giro ultraderechista” de la administración, en un contexto de “ola de ultraconservadurismo” que a su juicio sufre el país. “Nos atrevemos a decir que ha aumentado la cantidad de centros”, aventura. Pero sin mayor implicación institucional, los activistas están solos contra un sistema clandestino.Ver el video26:06

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Progresos y retrocesos en diversidad sexual y de género

Paradójicamente, el auge evangélico en el Ecuador, una tendencia compartida con otros muchos países latinoamericanos, coincide con ciertos avances en materia de derechos humanos de las personas LGBTI. El miércoles pasado (12.06.2019), la Corte Constitucional aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Rodríguez reconoce que los propios activistas se sorprendieron del fallo. Pero llama a no bajar la guardia: “Estuvimos a un solo voto de que el matrimonio igualitario no fuera reconocido”. En el mismo sentido, el investigador Albarracín recuerda que los avances legales e institucionales en derechos LGBTI en algunas partes de Latinoamérica coinciden con el crecimiento “galopante” de la influencia evangélica “en ámbitos a su alcance, como puede ser la esfera política, o en instituciones creadas por ellos mismos, como clínicas, centros de enseñanza, emisoras, etcétera”.

“La idea de curar la homosexualidad no se refiere únicamente a un supuesto tratamiento médico, sino que es todo un pliego cultural para eliminar esta orientación sexual”, prosigue Albarracín. “El auge de los evangélicos en toda la región seguramente tendrá un efecto sobre la realidad de estos centros”.

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Colectivos apoyan guía contra discriminación

Los activistas de diversos gremios opinan que la guía del Ministerio de Educación protegerá los derechos de esta comunidad en escuelas y colegios. Colectivos pro defensa de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexo) miran con agrado los pasos que se dan para evitar la discriminación.

El jueves pasado el Ministerio de Educación presentó en Quito la Guía de orientaciones técnicas para prevenir y combatir la discriminación por diversidad sexual e identidad de género en el ámbito educativo.

Según Germán Castillo, presidente de la mesa representativa LGBTI del Municipio de Quito, la discriminación y el bullying homofóbico en los centros educativos persisten y “son grandes”.

Castillo, de 53 años, aún recuerda que en su colegio sufrió mucho ya que en innumerables ocasiones sus compañeros lo insultaban. Cree que estos comportamientos hostiles no cambian en la sociedad. “Muchachos son acosados por sus compañeros y sus profesores, se burlan de ellos y los dejan en vulnerabilidad”, comenta Castillo. Diane Rodríguez, presidenta de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, considera que esta guía es un primer paso en la educación para evitar la discriminación homofóbica.

Sin embargo, espera que a partir de esta se elaboren otros documentos en los que se profundice conceptos básicos y se tome en cuenta las problemáticas diarias. Rodríguez propone que se establezca una hoja de ruta para que el estudiante sepa qué hacer cuando sufre un acto discriminatorio.

A criterio de Geovanny Jaramillo, presidente de la Asociación Bolivarianos Diversos en Quito, el documento es una guía para salvaguardar los derechos humanos de una parte de la ciudadanía.

Para Jaramillo, esta herramienta se debe socializar entre autoridades, profesores y todos quienes están relacionados en la educación. Todos los activistas concuerdan en que el siguiente paso es que maestros y estudiantes aprendan de este documento y lo pongan en práctica en todo momento.

Isaías Álvarez, coordinador del Observatorio Ciudadano LGBTI, recomienda que, a la par de la aplicación de este manual, se retomen las políticas ya existentes que protegen los derechos de personas LGBTI en diversos ámbitos.

Además, Álvarez espera que las autoridades no se dejen presionar por los grupos conservadores que buscan eliminar el documento. “Esta guía debe mantenerse para proteger los derechos de los afectados”, dice. (I)

Fuente. El Telégrafo, Niñez Trans